Seis meses tras las devastadoras inundaciones provocadas por la DANA, que dejaron 235 muertos y daños superiores a 16.500 millones de euros, las comunidades afectadas siguen sin recibir las ayudas prometidas, y la investigación sobre la gestión de la crisis levanta interrogantes sobre la responsabilidad política en este desastre.
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En este episodio de «La Lupa», Danae Fuster analiza las secuelas de la DANA, un fenómeno meteorológico que, en octubre de 2024, devastó partes de España, dejando a su paso una estela de destrucción en comunidades autónomas como Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y especialmente en la Comunidad Valenciana.
Este evento, oficialmente conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), causó la muerte de 235 personas, 227 de ellas en la provincia de Valencia, y daños materiales que superan los 16.500 millones de euros. Hasta hoy, la Guardia Civil mantiene la búsqueda de tres desaparecidos: una mujer de 38 años, y dos hombres de 56 y 64 años.
Seis meses después de esta catástrofe, la discusión en torno a la DANA permanece en la agenda noticiosa por varias razones, principalmente la falta de asistencia a las comunidades afectadas y las dudas sobre la gestión de la crisis.
Para entender estas preocupaciones, es esencial examinar el calendario de alertas emitidas por los organismos estatales y provinciales.
El 24 de octubre, cinco días antes del desastre, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió una advertencia sobre una posible depresión aislada, señalando a Valencia como una de las áreas más vulnerables, pero no se tomaron medidas significativas.
El 29 de octubre, día de la tragedia, la AEMET lanzó una alerta roja a las 07:30 am. para el interior de Valencia, indicando la existencia de un «riesgo meteorológico extremo». Ese mismo día, pero a las 8 con 12 minutos de la tarde, es decir, más de doce horas desde que la AEMET diera la alerta roja, el sistema ES-Alert de Protección Civil, dependiente de la Generalitat Valenciana, emitió una notificación de alerta que recibieron todos los ciudadanos de la provincia en sus teléfonos móviles.
Este mensaje decía: “por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales”.
Pero ya era muy tarde, a esa hora numerosas localidades ya estaban bajo el agua y el barro, producto de varios desbordamientos. Y los ciudadanos, muchos ajenos a esta realidad, se encontraban en las calles o en las carreteras de la provincia, donde quedaron atrapados en las vías unas 1.200 personas.
De hecho, ya a las 17:00 horas, el teléfono de emergencias 112 registró un pico de 2.438 llamadas, un número impresionante comparado con las 150 a 200 que se reciben normalmente en un día.
En medio de la creciente crisis, se constituyó el Centro de Coordinación Operativo Integral (CECOPI) a las 17:00, pero el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no se unió a la reunión hasta las 20:28, lo que ha generado cuestionamientos sobre su ausencia en un momento crítico.
¿Dónde estaba el presidente de la Comunidad? ¿Por qué se dio tan tarde la alerta a la ciudadanía? Son algunas de las preguntas que forman parte de la causa penal que dirige el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, en Valencia, para establecer las responsabilidades en la gestión de la catástrofe y si las acciones – o la falta de ellas – causaron pérdidas humanas evitables.
La jueza a cargo, Nuria Ruiz Tobarra, investiga posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia relacionados con el evento. Entre los investigados se encuentran Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias. Las indagaciones han revelado, por ejemplo, que Pradas reconoció no conocer el sistema Es-Alert, operativo desde 2023, hasta una hora antes de que se emitiera el mensaje.
La investigación está en curso, y aunque los daños por la DANA fueron devastadores, persiste la inquietud sobre qué habría ocurrido si la población hubiera recibido información oportuna. ¿Se podrían haber evitado tantas pérdidas humanas?
