El Consejo de Ministros aprobó la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, pero enfrenta una dura negociación en el Congreso, con la oposición que critica su impacto en pymes y autónomos.
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La reducción de la jornada laboral ha saltado al centro del debate público, luego de que el pasado martes 6 de mayo el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley que propone pasar de 40 a 37,5 horas semanales.
Esta medida, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ahora deberá ser ratificada por el Congreso, donde se prevé que su discusión será intensa y polarizada.
Dos de los principales obstáculos son el Partido Popular (PP) y el partido independentista catalán Junts per Catalunya, este último ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad del texto. La portavoz del partido, Miriam Nogueras, argumenta que la propuesta supone un ataque frontal a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos catalanes, señalando que no fue negociada con ellos y que solo se discutió con sindicatos españoles.
Desde el PP, cuya postura oscila entre la abstención y el voto en contra, se argumenta que cualquier decisión sobre la jornada laboral debe basarse en la productividad y surgir de un acuerdo en lugar de una imposición. Critican que el Gobierno haya consensuado la norma únicamente con los sindicatos, como la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), a expensas de la opinión de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).
Por su parte, ambas agrupaciones empresariales han expresado que apoyan la idea de una reducción de la jornada laboral, siempre que se ajuste a las necesidades específicas de cada sector y se logre mediante la negociación colectiva. Además, alertan sobre un «grave impacto» que esta ley podría tener sobre la actividad económica y el empleo, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas y ciertos sectores.
Según cálculos realizados por Cepyme, la implementación de la reducción de jornada podría traducirse en un aumento del 6% en los costos laborales, afectando especialmente a la hostelería y el comercio. A lo que se suman instituciones como BBVA Research, que estima que esta medida podría costar a las empresas alrededor de 24,000 millones de euros, equivalentes a un 1.5% del PIB, cifra que Cepyme eleva hasta los 48,000 millones.
El Gobierno ha respondido a estas críticas subrayando que las comunidades autónomas que más se beneficiarán de esta medida son Andalucía, Madrid y Cataluña, donde se concentran 6 millones de trabajadores. Yolanda Díaz defendió la iniciativa argumentando que «prácticamente, el total de las empresas ya están negociando jornadas que van en esta dirección», añadiendo que «solo unas pocas están mirando hacia un modelo laboral del siglo XX».
Con todo, Díaz se ha mostrado abierta a negociar y a escuchar las demandas de los diferentes grupos, con la condición de que no se comprometa la reducción diseñada para 12,5 millones de trabajadores. El margen para la negociación es «absoluto», según sus palabras.
¿Qué dice el texto?
La propuesta establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales sin que haya merma en los salarios. Además, introduce un cambio significativo en el control horario al sustituir el registro en papel por un sistema digital, lo que permitirá un seguimiento preciso de la jornada laboral, incluyendo inicio, fin, interrupciones y horas extras, información que podrá ser verificada en tiempo real por la Inspección de Trabajo.
Otro cambio notable es la garantía reafirmada del derecho a la desconexión laboral, evitando que se exija a los empleados trabajar fuera de los horarios pactados y protegiendo su tiempo personal. La propuesta también prevé el endurecimiento de las sanciones para aquellos que incumplan las nuevas disposiciones: las multas relacionadas con el registro horario y la jornada laboral pasarían de un máximo de 7,500 euros a 10,000 euros por trabajador afectado.
Si se aprueba esta ley, España contaría con la segunda jornada laboral más corta de la Unión Europea, superando solo a Francia, que establece 35 horas semanales. Sin embargo, para que esta normativa se convierta en realidad, los legisladores tendrán que trabajar en su discusión en el Congreso en las próximas semanas.
