Las reuniones clandestinas y las presuntas maniobras para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue generando amplia repercusión con nuevos antecedentes que incluyen a la fiscalía.
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Se cumple una semana desde la primera publicación que sacudió el escenario político y judicial, y las novedades no cesan. El caso, que inicialmente consistió en la filtración de una conversación en la que Leire Díez, exconcejala del PSOE y conocida como una «fontanera» del partido, junto con otros personajes vinculados al PSOE, solicitaban información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, sigue en el centro del debate nacional.
Contexto
En la primera conversación se revela cómo Díez y el abogado Jacobo Teijelo le piden a Alejandro Hamlyn, empresario investigado por fraude, que facilite datos que puedan perjudicar a Balas y a otros altos mandos de la Guardia Civil involucrados en investigaciones referidas al partido socialista, como los casos de José Luis Ábalos, el hermano del presidente Pedro Sánchez, y la esposa de éste, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada. En un momento, Díez afirma que no quiere que Balas se convierta en un «verdugo» de ellos, insinuando un deseo de manipular y deslegitimar la labor de la unidad.
Nuevas publicaciones y declaraciones
En los siguientes días nuevos extractos del mismo audio han salido a la luz. En uno de ellos, se escucha a Díez ofrecer un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información contra Balas, una acción que es considerada como un intento de influir en la justicia. Además, se ha difundido que Díez mantuvo al menos dos encuentros con un mando de la Guardia Civil investigado, al que habría prometido protección judicial y posibles ascensos si entregaba datos confidenciales sobre investigaciones sensibles para el PSOE.
La polémica escaló aún más cuando un audio de Javier Pérez Dolset, también considerado un «fontanero» del PSOE, reveló que Pedro Sánchez y Santos Cerdán estaban directamente involucrados en la estrategia para obtener información sobre la UCO. En ese mensaje, Dolset afirmaba: “Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán, con Santos Cerdán, y con Leire. Y hay poca gente que tenga esa información y así seguirá”. Añadió que la prioridad era «salvar al soldado Ábalos», un exministro socialista investigado por presuntos delitos graves vinculados a organización criminal y tráfico de influencias.
Implicaciones en las elecciones y en la justicia
Otra revelación importante es que Díez habría gestionado, en su puesto en Correos, el voto por correo en las elecciones generales de julio de 2023, proceso que ayudó a que Sánchez continuara en La Moncloa. La oposición cuestiona ahora la legalidad de su actividad, aunque Correos ha negado que Díez haya ostentado funciones relacionadas con esa gestión. Sin embargo, los documentos oficiales indican que su cargo y poderes eran considerables, con firma digital en nombre de la sociedad estatal.
A la luz de las nuevas informaciones, el Partido Popular anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía contra Díez, Dolset y Teijelo por delitos relacionados con cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y pertenencia a organización criminal. La denuncia se suma a otra interpuesta por la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, quien acusa a Díez de intentar socavar la independencia de la institución a través de acciones ilegales.
